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En el análisis político de Hispanoamérica, es evidente que el debate actual sobre la democracia en la región revela una hipocresía profunda en ciertos sectores de la izquierda.
Elías Wessin, en su artículo publicado recientemente, denuncia con precisión cómo la izquierda aplica normas de derechos humanos y no intervención de manera selectiva, protegiendo a tiranos que se autodenominan «progresistas» mientras ignora sus atropellos a las libertades fundamentales.
Wessin argumenta que esta postura distorsiona la legitimidad política, reduciéndola a un mero origen electoral inicial, sin importar el vaciamiento institucional posterior.
Regímenes que controlan el Estado, eliminan oposición y reprimen disidencias son defendidos bajo el manto de la soberanía, pero solo si alinean con la ideología izquierdista.
En Venezuela, Nicolás Maduro ha sido respaldado por líderes como la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, quien en diciembre de 2024 lo catalogó como parte de «países progresistas» pese a las denuncias internacionales por fraude electoral y represión.
Venezuela, junto a Cuba y Nicaragua, forma un bastión autoritario que desafía la democracia regional, con alianzas externas de Rusia y China que fortalecen su control.
En Nicaragua, Daniel Ortega ha consolidado un régimen familiar, revocando ciudadanías y persiguiendo a la Iglesia, como detalla la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF) en noviembre de 2025, que califica a estos tres países como un «trío autoritario» en persecución religiosa.
Cuba, bajo Miguel Díaz-Canel, mantiene un partido único que asfixia el pluralismo, con leyes que permiten revocar ciudadanía por «actos contrarios al interés estatal», inspiradas en prácticas nicaragüenses.
Gobiernos como los de México y Bolivia han evitado críticas fuertes, priorizando alianzas ideológicas. Esta selectividad se extiende a los golpes de Estado: la izquierda condena «golpes suaves» contra progresistas, como el derrocamiento de Dilma Rousseff en Brasil en 2016 o Evo Morales en Bolivia en 2019, documentados en estudios de CLACSO sobre restauraciones conservadoras.
Sin embargo, minimiza rupturas en regímenes conservadores o justifica permanencias indefinidas en el poder de sus aliados, normalizando dictaduras perpetuas.
Wessin concluye que esta lógica instrumental es incompatible con el pluralismo y destruye la democracia al defenderla selectivamente.
Frente a esto, urge defender una democracia sustantiva, con énfasis en la dignidad humana y rechazo al Estado ideológico. Esta inmunidad ideológica perpetúa el subdesarrollo y la opresión en Hispanoamérica, priorizando lealtades partidarias sobre el bien común.
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