Más de 100 días después de asumir como presidenta interina, Delcy Rodríguez enfrenta un aumento de la insatisfacción pública. Numerosos venezolanos muestran impaciencia ante la lentitud con la que se materializan mejoras económicas concretas, a pesar de las promesas de recuperación y del alivio parcial de las sanciones internacionales.
Tras los eventos ocurridos el 3 de enero, cuando fuerzas estadounidenses capturaron al expresidente Nicolás Maduro, Rodríguez —quien se desempeñaba como vicepresidenta— asumió el liderazgo provisional del país.
El Tribunal Supremo de Justicia declaró temporal la ausencia de Maduro, lo que permitió mantener la continuidad gubernamental sin convocar elecciones inmediatas.
Desde entonces, ha impulsado una agenda más pragmática: abrir el sector petrolero a la inversión extranjera, retomar contactos con organismos como el FMI y obtener un alivio limitado de las sanciones impuestas por Estados Unidos.
Sin embargo, estas iniciativas de alto nivel todavía no se han traducido en un alivio visible para la ciudadanía común.
La inflación se mantiene resistente, los salarios del sector público continúan siendo muy bajos —reportes indican que varios meses del salario mínimo equivalen a menos de un dólar estadounidense— y los productos básicos siguen fuera del alcance de amplios sectores de la población.
En sus discursos durante abril, Rodríguez ha pedido reiteradamente paciencia a los trabajadores, reconociendo las altas expectativas mientras promete un ajuste “responsable” del salario mínimo que entrará en vigor el 1 de mayo.
Las encuestas reflejan un creciente malestar
Sondeos realizados en abril dibujan un panorama complicado para la mandataria interina. Una encuesta reciente registró un nivel de desaprobación en torno al 44% en su manejo del gobierno, mientras que la aprobación se sitúa cerca del 37%.
Otros estudios independientes han detectado críticas aún más fuertes: una mayoría significativa de los consultados describe la situación general del país como “mala” y expresa pesimismo sobre un posible deterioro de las condiciones económicas familiares si se mantiene el rumbo actual.
En las últimas semanas se han vuelto más frecuentes las protestas callejeras de trabajadores que exigen mejores sueldos.
Muchos venezolanos esperaban que la transición política y el levantamiento parcial de las sanciones estabilizaran rápidamente la economía y recuperaran el poder adquisitivo. En cambio, la dura realidad diaria —jornadas laborales extenuantes solo para cubrir lo esencial, la inflación persistente en alimentos y combustible, y las escasas señales de una recuperación amplia— ha generado desilusión.
Los economistas señalan que lograr mejoras significativas en una economía tan deteriorada como la venezolana rara vez ocurre en solo tres meses, aunque la tolerancia de la población parece estar llegando a su límite.
Respuesta del gobierno y reformas
En sus declaraciones públicas, Rodríguez ha reconocido errores de política anteriores, como los ajustes salariales erráticos que generaron distorsiones monetarias. También ha admitido la gravedad de la hiperinflación pasada y la masiva emigración que ha dejado al país sin gran parte de su fuerza laboral calificada.
Insiste en que el levantamiento total de las sanciones es indispensable para atraer inversión significativa y ha destacado los esfuerzos por restablecer relaciones con organismos financieros multilaterales y empresas petroleras extranjeras. Su administración ha impulsado cambios legales para facilitar la participación privada en el sector petrolero y otras áreas, medidas que algunos observadores internacionales han valorado como pasos hacia la estabilización.
No obstante, los críticos sostienen que las reformas políticas siguen siendo limitadas y que las estructuras centrales del gobierno anterior permanecen mayormente intactas.
Perspectivas en medio de la incertidumbre
A medida que abril llega a su fin, la brecha entre los anuncios oficiales de avances y la experiencia cotidiana de millones de venezolanos se ha convertido en una fuente importante de tensión. Aunque algunos analistas proyectan un posible crecimiento de dos dígitos hacia finales de 2026 si la inversión se concreta, el panorama inmediato para los hogares sigue siendo desalentador.
El ajuste salarial prometido para mayo será observado con atención como una prueba clave de la capacidad del gobierno para ofrecer alivio concreto.
La situación sigue siendo cambiante.
El delicado equilibrio que debe mantener Rodríguez —cooperar lo suficiente con actores externos para desbloquear apoyo económico, sin perder el control interno— afronta ahora su mayor desafío ante el creciente descontento popular. Si el aumento salarial de mayo y las reformas adicionales logran frenar el ascenso de la desaprobación, probablemente marcará el tono político de los próximos meses.
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