Florida autoriza voluntarios armados en templos religiosos sin licencia profesional bajo la ley SB 52 firmada por Ron DeSantis ante el aumento de ataques en iglesias de Estados Unidos
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó recientemente la ley SB 52, una medida que permitirá a iglesias, sinagogas y mezquitas contar con voluntarios armados sin necesidad de cumplir con los requisitos de licencia profesional exigidos a los guardias de seguridad privados. La norma, que entrará en vigor el 1 de julio, responde a una preocupación creciente en Estados Unidos: la seguridad en los recintos religiosos.
La legislación fue aprobada por unanimidad en el Senado estatal de Florida, lo que refleja un consenso poco común en temas relacionados con armas y seguridad. DeSantis la firmó discretamente como parte de un paquete más amplio de iniciativas legislativas, sin realizar un acto público específico para su promulgación.
El objetivo central de la ley es aliviar la carga económica que enfrentan muchas congregaciones religiosas, particularmente las más pequeñas, que no pueden costear servicios profesionales de seguridad privada. En los últimos años, múltiples ataques en templos —incluyendo tiroteos en iglesias de Texas, Carolina del Sur y California— han encendido las alarmas sobre la vulnerabilidad de estos espacios.
Hasta ahora, las instituciones religiosas en Florida podían contar con personal armado únicamente si estos cumplían con estrictos requisitos de capacitación y licenciamiento como guardias de seguridad. La SB 52 flexibiliza esta normativa al permitir que voluntarios designados por las propias congregaciones participen en tareas de protección, siempre que reciban cierto nivel de entrenamiento, aunque no necesariamente la certificación completa exigida a profesionales del sector.
Críticos de la medida han advertido sobre los riesgos de permitir que personas sin formación completa en seguridad manejen armas en entornos sensibles. Sin embargo, los defensores argumentan que la ley empodera a las comunidades religiosas para protegerse de amenazas reales, en un contexto donde los tiempos de respuesta de las fuerzas del orden pueden ser insuficientes en situaciones de emergencia.
Este tipo de legislación se enmarca en una tendencia más amplia en estados conservadores que buscan ampliar el acceso a armas bajo el argumento de la defensa personal y comunitaria. Florida, bajo el liderazgo de DeSantis, ha impulsado varias iniciativas en esta línea, incluyendo leyes de porte constitucional y ampliación de derechos para propietarios de armas.
Más allá del debate político, lo cierto es que la seguridad en lugares de culto se ha convertido en una prioridad nacional. Según datos del FBI y organizaciones como el Family Research Council, los incidentes violentos en iglesias han aumentado en la última década, lo que ha llevado a muchas congregaciones a replantear sus protocolos de seguridad.
La SB 52 representa, para sus promotores, una solución pragmática: reducir costos sin renunciar a la protección. Para sus detractores, en cambio, podría abrir la puerta a nuevos riesgos si no se implementa con responsabilidad y supervisión adecuada.
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