Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares impone clases de religión islámica en colegios católicos de Mallorca a demanda de familias musulmanas vulnerando la identidad cristiana española
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Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) ha encendido las alarmas en los españoles al forzar la implantación de clases de religión islámica en colegios públicos y concertados de Palma e Inca, incluyendo centros de ideario católico.
Esta resolución, dictada en noviembre de 2025, estima parcialmente el recurso de cinco familias musulmanas magrebíes que denunciaron el «silencio administrativo» de la Consejería de Educación, invocando el artículo 27.3 de la Constitución Española, que ampara el derecho de los padres a una formación religiosa acorde a sus convicciones.
El caso, que afecta a centros como el CEIP Levante, La Salle, San Vicente de Paúl, Santo Tomás de Aquino en Inca y el Colegio Pintor Joan Miró en Palma, no evalúa la compatibilidad con el proyecto educativo cristiano de estos colegios, priorizando demandas individuales sobre la autonomía de la enseñanza.
La demanda se presentó en julio de 2024, cuando las madres reclamaron la matrícula de sus hijos en la asignatura de islam para el curso 2024-2025.
La Administración autonómica, dirigida por el conseller Antoni Vera, ignoró las solicitudes durante meses, pese a un convenio de 2019 con la Comisión Islámica de España —expirado en 2023 pero prorrogado informalmente— que obliga a ofertar la materia en centros públicos cuando hay demanda mínima.
El TSJB, en una decisión firme sin recurso posible, reprochó la falta de información a las familias y ordenó desplegar «la actividad precisa» para impartir islam en escuelas próximas al domicilio, extendiendo el mandato a toda la isla, incluyendo Palma, donde ninguna institución la ofrecía hasta ahora.
Durante el curso pasado, solo nueve colegios mallorquines —todos en la Part Forana— contaban con cinco docentes para 727 alumnos, financiados por el Govern balear.
Desde una óptica conservadora, esta imposición representa un asalto a la libertad de enseñanza, consagrada en el artículo 27 de la Carta Magna, y un paso más en la erosión de la identidad católica de España.
La patronal Escuela Católica ha rechazado tajantemente la sentencia, argumentando que obliga a centros confesionales a diluir su ideario propio, asumido libremente por los padres al matricularse.
El secretario de la Comunidad Islámica Balear, J. Nur Bió, defiende la medida como «obligatoria por ley» ante la creciente demanda —más de 100 solicitudes en 15 centros el curso anterior—, pero ignora el coste cultural: España, con 2,4 millones de musulmanes según el Observatorio Andalusí, ve cómo la inmigración descontrolada impone cambios que diluyen sus raíces cristianas.
En Andalucía, cerca de 200 colegios imparten islam a 23.000 alumnos con 23 profesores, la mayor cobertura del país, pero genera fricciones por la saturación de recursos y la percepción de adoctrinamiento financiado con fondos públicos.
Cataluña, con 90.000 alumnos musulmanes —el doble que Andalucía—, activó un plan piloto en 2020 en Barcelona, Baix Llobregat, Girona y Tarragona, pero enfrenta críticas por priorizar el catalán en la enseñanza, excluyendo a docentes no convalidables.
Murcia y La Rioja, con 18.500 y 4.000 alumnos respectivamente, obstruyen la implantación por «falta de demanda» o fragmentación, según la Comisión Islámica, esto es una resistencia legítima a la islamización.
En Navarra, Galicia, Asturias y Cantabria, la asignatura brilla por su ausencia, pese a la Ley 26/1992 de Acuerdos con la Comisión Islámica, que equipara el islam al catolicismo en oferta obligatoria.
Anteriormente lo habíamos reportado en Gateway Hispanic, en un análisis sobre el fundamentalismo islámico en España que advertía del avance en la educación pública como herramienta de influencia cultural.
Esta sentencia balear, en un contexto de llegada masiva de inmigrantes magrebíes —3.272 irregulares en Baleares hasta septiembre de 2025, un 300% más que en 2024—, evidencia cómo políticas laxas del Gobierno de Pedro Sánchez convierten los colegios en campos de batalla ideológica.
Vox denuncia que, mientras se adoctrina con valores contrarios a la igualdad de género o la laicidad, se persigue a sacerdotes como Custodio Magister, procesado por criticar el islamismo.
Urge una reforma que priorice la sostenibilidad cultural: limitar la oferta confesional en centros de ideario propio, exigir integración recíproca y defender el Estado del Bienestar cristiano de presiones externas.
Sin firmeza, España arriesga su esencia hispano-católica ante un multiculturalismo impuesto que beneficia a elites progresistas indiferentes a sus contribuyentes.
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